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COCERO Y CORBERA, ABOGADOS EN MADRID x

A continuacion le presentamos algunas preguntas y respuestas frecuentes relacionadas con el Derecho:

PENAL

¿Cuánto puede durar la detención?

Su duración no puede ser superior a las 72 horas, aunque en el caso de terrorismo es posible prorrogarla hasta un límite máximo de otras 48 horas.


¿Cuáles son los derechos más importantes con los que cuenta el detenido?

1. Derecho a ser informado de los hechos delictivos de los que se le acusa, de las razones que han dado lugar a su detención, así como de los derechos que le asisten.

Debe realizarse de forma inmediata a la detención y de una manera que resulte comprensible.

2. Derecho a designar a una persona para que le comuniquen su detención y donde se encuentra.

En caso de ser extranjero, podrá informar al Consulado de su país.

3. Derecho a la asistencia de un abogado.

Tiene derecho a nombrar un abogado y pedir que este presente en la declaración. Deben concederle hasta 8 horas para que llegue su abogado particular. Es muy importante que confíe su defensa a un abogado penalista experimentado desde el principio, pues las primeras diligencias son fundamentales (declaraciones, registro domiciliario, reconocimiento médico, etc.)

Si no conoce ningún abogado, tiene derecho a que se le asigne uno de oficio.

4. Derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

A diferencia de un testigo, el imputado no tiene obligación de decir la verdad.

Si lo desea, puede no contestar a alguna/s de las preguntas, declarar sólo ante el Juez, o no declarar.

Antes de declarar en el Juzgado, su abogado se podrá entrevistar a solas con usted y explicarle el contenido de las diligencias, si éstas no han sido declaradas secretas. Por eso, normalmente es mejor no declarar ante la Policía, sino sólo ante el Juez, después de haber podido hablar con su abogado

5. Derecho a la asistencia médica.

Puede solicitarlo en cualquier momento. Si está herido, tiene algún problema mental, ha consumido estupefacientes o alcohol, pida un reconocimiento médico. El estado físico y psíquico del detenido debe ser el adecuado para ser interrogado.

6. Derecho a ser asistido por un intérprete.


¿En qué se diferencia una querella de una denuncia?

La querella se presentará siempre por escrito y ante el Juzgado, con la necesaria intervención de Abogado y Procurador. En cambio, la denuncia puede realizarse por escrito o de palabra y puede dirigirse tanto al Juzgado, como a la Policía o al Ministerio Fiscal.

La querella ha de dirigirse contra una persona o personas determinadas, es decir, que el autor de los hechos tiene que ser conocido, lo que no es necesario para presentar denuncia (aunque en caso de que exista algún sospechoso, el denunciante pueda especificarlo).

La principal ventaja de la querella frente a la denuncia es que, con ella, el querellante se constituirá como parte acusadora en el mismo, por lo que tendrá derecho a intervenir en la causa solicitando la práctica de diligencias (declaración de testigos, pruebas periciales, registro del domicilio, etc.), de medidas cautelares (detención, embargo de bienes, etc.) a reclamar una indemnización y a ser informado en todo momento del curso de la investigación.

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CIVIL

¿Qué regimenes económicos matrimoniales existen en España?

Hay tres tipos: régimen de gananciales, régimen de separación de bienes y régimen de participación.

El régimen económico matrimonial puede establecerse a través de las capitulaciones matrimoniales, otorgadas ante Notario con anterioridad a la boda. Si no se otorgaran las capitulaciones, tras el enlace se aplicará el de gananciales (salvo en aquellos lugares en los que el derecho del territorio o derecho foral dispone la aplicación de otro régimen. Así sucede en Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco).

Régimen de gananciales: Todos los bienes y derechos adquiridos por los esposos durante el matrimonio serán propiedad de ambos a partes iguales, con algunas excepciones (como, por ejemplo, los adquiridos en concepto de regalo, donación o herencia). El sostenimiento de la familia será a cargo de los bienes comunes.

Régimen de separación de bienes: Pertenecen a cada cónyuge los bienes que tuviese antes de la celebración del matrimonio, así como los que adquiera durante el mismo. En caso de duda acerca de la propiedad de un bien, se entenderá que es de ambos a partes iguales. El sostenimiento de la familia se distribuirá entre ambos esposos proporcionalmente a los ingresos de cada uno.

Régimen de participación: A cada cónyuge le corresponde la administración, disfrute y libre disposición de los bienes que le pertenecen, que son los obtenidos antes y durante el matrimonio por cualquier título pero, al mismo tiempo, este régimen conlleva el derecho de cada uno de los cónyuges a participar en las ganancias que el otro obtenga durante el matrimonio. En consecuencia, cuando se extingue el régimen de participación, las ganancias se determinan por la diferencia que exista entre el patrimonio inicial y el final que tenga cada. Si el resultado positivo es mayor en uno de patrimonios de los cónyuges respecto al otro, el que ha obtenido un resultado menor recibe el 50% de la diferencia entre el incremento de su patrimonio y el del otro cónyuge (los esposos podrían convenir un porcentaje distinto, siempre que sea el mismo para ambos).


¿Cuáles son los requisitos para separarse o divorciarse?

El divorcio, al igual que la separación judicial, puede presentarse a instancias de ambos cónyuges o de uno solo (ya sea con o sin el consentimiento del otro).

Tras la reforma de 2005 operada en el Código Civil, no es necesario que concurran causas legalmente determinadas, puesto que el matrimonio es considerado una manifestación de la libertad de los esposos. Esto significa que en España es posible solicitar directamente la separación o el divorcio sin invocar causa alguna. El único requisito es que hayan pasado tres meses desde el enlace (salvo en caso de violencia doméstica).


¿Cuáles son las consecuencias legales del divorcio?

1.- Se disuelve el vínculo matrimonial. Con él, desaparecen la obligación de los cónyuges de cohabitar o prestarse ayuda mutua, y en adelante son libres para contraer matrimonio de nuevo.

2.- Se disuelve el régimen económico matrimonial y se reparten los bienes comunes, dependiendo de cuál se hubiera establecido: gananciales, participación o separación de bienes.

3.- Se otorga la custodia de los hijos menores a uno o ambos cónyuges. La decisión la adoptará el Juzgado ante el que se tramite el divorcio. Si se le entrega la guardia y custodia a uno solo de los esposos, se dispondrá también respecto al régimen de visitas al que tendrá derecho el otro. El divorcio no extingue las responsabilidades que tienen los padres hacia sus hijos, por lo que deberán seguir contribuyendo a su mantenimiento. En general, esto implica que el cónyuge no custodio tenga que abonar de forma periódica una pensión de alimentos a sus hijos, hasta que sean económicamente independientes.

4.- Podría implicar la obligación de abonar una pensión compensatoria al otro cónyuge. A pesar de que con el divorcio desaparece la obligación de prestarse asistencia mutua, si la ruptura supone que el status económico de uno de los esposos empeore en relación al del otro esposo y a la que fue su situación durante el matrimonio, el cónyuge desfavorecido tendrá derecho a recibir temporalmente una pensión compensatoria que subsane el desequilibrio creado.


¿Cuáles con las consecuencias legales de la separación judicial?

Las consecuencias legales son las mismas que las del divorcio, excepto que el vínculo matrimonial no se disuelve. Así, queda abierta la posibilidad de que, en caso de reconciliación, el matrimonio sea restaurado a todos los efectos sin necesidad de casarse de nuevo.

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LABORAL

¿Se puede despedir a un trabajador durante una baja?

El despido durante una incapacidad temporal es improcedente, y, consecuencia de ello, surge el derecho a recibir una indemnización. Sin embargo, tal despido no es nulo, por lo que la empresa no viene obligada a readmitir al trabajador en la misma.

La excepción la constituyen los supuestos de baja por maternidad e incapacidades temporales relacionadas con el embarazo, pues la empresa no puede despedir a una profesional que se halle dichas situaciones.


¿Es válido un contrato laboral verbal?

Los contratos de trabajo pueden celebrarse tanto por escrito como de palabra, por lo que, en principio, nada obsta a formular un contrato bajo tal modalidad. Así, los requisitos para considerar que existe un contrato de trabajo son los siguientes: prestación de servicios por cuenta y bajo la dirección y organización del empresario, a cambio de una retribución.

Sin embargo, el art. 8 del Estatuto de los trabajadores indica que determinados contratos de trabajo deberán realizarse obligatoriamente por escrito. De lo contrario, la Ley los presumirá realizados por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario. De acuerdo con este artículo, los contratos de trabajo deben constar por escrito cuando así lo exija una disposición legal y, en todo caso los siguientes:

– Los contratos de prácticas y para la formación
– Los contratos a tiempo parcial
– Los contratos fijos-discontinuos
– Los contratos de relevo
– Los contratos de trabajo a domicilio
– Los contratos para la realización de una obra o servicio determinado
– Los de los trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero
– Los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas

El mayor inconveniente de un contrato laboral verbal lo hallamos en referencia a la reclamación en vía judicial, pues el incumplimiento de un contrato verbal precisará la aportación de alguna prueba que determine la existencia del mismo.


¿Cuáles son las obligaciones de la empresa ante un despido?

– Entregar al trabajador el certificado de empresa y los documentos de cotización y salario, para que el trabajador pueda solicitar, cuando proceda, la prestación por desempleo.

– Entregar al trabajador una propuesta de liquidación de las cantidades que le adeude, al comunicarle la denuncia del contrato o, en su caso, el preaviso de extinción.

– Entregar al Comité de Empresa los documentos de la terminación del contrato.

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ADMINISTRATIVO

¿Puedo reclamar a la Administración por un accidente debido al mal estado de la carretera?

Sí es posible reclamar a la Administración por los daños causados en los supuestos de que se produzcan accidentes por el mal estado de las carreteras. Es competencia de la Administración la pavimentación de las vías públicas, así como garantizar que el tránsito de los ciudadanos sea seguro.

Si ha sufrido usted un perjuicio real por la acción o dejación de la Administración o sus funcionarios, puede reclamar siguiendo estas indicaciones:

– El reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la tramitación de un expediente administrativo antes de acudir a la vía judicial.
– El plazo legal para interponer la reclamación es de un año desde que se produjo el hecho. Si estos daños tienen carácter físico o psíquico, el plazo comienza a computarse desde que se produce la curación.
– Si no se dicta resolución expresa, la petición se entiende desestimada por silencio administrativo. Agotada la vía administrativa, es posible recurrir en reposición ante el mismo órgano o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Es altamente recomendable que recurra siempre al asesoramiento de un abogado antes de iniciar cualquier acción legal.


 

¿Qué es una Licencia de Primera Ocupación?

La licencia de primera ocupación es la autorización administrativa expedida por el Ayuntamiento en el que el inmueble esté situado, en virtud de la cual se permite que sea habitado legalmente.

La solicitud ha de cursarse respecto de viviendas de nueva construcción. Para las de segunda mano no es necesario volver a solicitarla, salvo si existe un cambio de uso autorizado, por ejemplo, de residencial a profesional. La promotora es responsable de su tramitación, una vez que la obra se haya terminado al amparo de la licencia de edificación no caducada, solicitud a la que habrá de adjuntarse el certificado de final de obra suscrito por los técnicos y visado por los respectivos Colegios profesionales.

Su expedición garantiza que el promotor ha construido la vivienda cumpliendo con las condiciones impuestas en la licencia de obras, así como la conformidad de la edificación realizada con el proyecto que sirvió de base para otorgar la licencia de obra. La inspección se lleva a cabo por parte de los técnicos del Ayuntamiento, quienes también fiscalizan si el edificio puede habitarse para el uso pretendido, por estar en zona apropiada y reunir las condiciones idóneas de seguridad y salubridad.


¿Qué es el NIE?

Es el Número de Identificación de Extranjeros (NIE), se trata de un número personal, único y exclusivo que la Dirección General de la Policía asigna a los extranjeros. Este número deberá figurar en todos los documentos públicos que se le expidan o tramiten al ciudadano extranjero en España, así como en todas las solicitudes que dirija a la Administración, y en una parte importante de actuaciones entre personas privadas (bancos, aseguradoras…).

El NIE no es un documento de identidad, por lo que junto al NIE, el ciudadano europeo deberá aportar su documentación correspondiente (pasaporte, cédula de identidad de su país…).

El NIE se debe solicitar en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía competente en función del municipio donde se resida.

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FISCAL Y TRIBUTARIO

¿Qué puedo hacer si la Agencia Tributaria considera que he mentido en el precio del inmueble que se establecía en la escritura de compraventa?

La Agencia Tributaria puede, dentro del plazo de prescripción de cuatro años, establecer mediante liquidación complementaria motivada que el valor real de la propiedad excede del valor que se había declarado.

En estos casos, además de los recursos que cabrían por Ley, existe también la posibilidad de solicitar la tasación pericial contradictoria. Lo mejor es que consulte su caso con un abogado especializado, quien le sabrá indicar cuál es el procedimiento más adecuado.


¿Es recomendable buscar un asesor legal y tributario en España si queremos establecer en este país nuestra residencia o negocio?

Por supuesto que sí, es lo más conveniente. Contar con un abogado de su confianza que le oriente, ya sea en materia de impuestos o en cualquier otra área legal, es aconsejable por muchas razones aunque no sea obligatorio según la legislación española.

Le será de gran ayuda consultar a un abogado en España, un profesional con conocimientos y experiencia específicos del país en el que va a establecerse, ya sea para montar un negocio, comprar una casa o un coche, pagar los impuestos correspondientes, etc.

Tengo intención de vivir en España en un futuro próximo pero mis ingresos provienen de mi país de origen. ¿Tendría que realizar la declaración de la renta en España?

En España, como en el resto de países de la Unión Europea, el punto de sujeción al IRPF nacional es el criterio de la residencia fiscal.

De esta manera, los contribuyentes que vivan en España más de 183 días al año, o que tengan aquí el centro de dirección efectiva de sus actividades económicas, serán considerados por las autoridades fiscales españolas como residentes fiscales en España y están obligados tributar el IRPF.

El impuesto sobre la renta grava, con carácter general, tanto las rentas obtenidas en España, como las rentas obtenidas en otros países por los residentes fiscales en España. Si bien, en cada caso particular habrá que estar a lo que diga (en caso de haberlo) el Convenio para evitar la doble imposición suscrito entre España y el país en cuestión.

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MERCANTIL

¿Cuáles son los pasos para crear una sociedad limitada?

En líneas generales, las gestiones indispensables serían las siguientes (aunque en ciertos casos habría que cumplimentar algún trámite adicional):

1.- Solicitar ante el Registro Mercantil Central certificado de la reserva de denominación social, que acredite que el nombre que se quiere utilizar no está ya registrado.

2.- Con el certificado, abrir en una Entidad Bancaria una cuenta de empresa en constitución, en la que se depositarán un mínimo de 3.005,06 € como capital social, tras lo cual el Banco le hará entrega del certificado de aportación de dicho capital.

3- Acudir a una Notaría con los certificados de denominación y depósito del capital social, para firmar la escritura de constitución de la sociedad.

4- Con la escritura de constitución, acudir a la Delegación de Hacienda del domicilio social de la empresa, para solicitar el CIF provisional.

5.- Pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (1% del capital social) en la Oficina Liquidadora de la Comunidad Autónoma correspondiente.

6– Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil, presentando la escritura de constitución y el justificante de pago del impuesto.

7.- En la Delegación de Hacienda del domicilio social de la empresa, dar de alta la actividad de la empresa en el censo de obligados tributarios, con solicitud del CIF definitivo.

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