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Responsabilidad penal de las empresas

El pasado julio entró en vigor la última reforma del Código Penal, la cual afecta de manera importante a las empresas, Pymes incluidas. Siempre que una empresa haya implementado  antes de la comisión de un delito, por parte de sus directivos o empleados, un modelo de gestión u organización de medidas de control y vigilancia para prevenir delitos (Compliance Penal o Plan de Prevención de delitos), queda libre de responsabilidad empresarial penal.

Se pueden enfrentar a penas tanto de multas, inhabilitación, sufrir la disolución de la empresa, suspensión de las actividades de la entidad, hasta el cierre de los locales.

Este nuevo marco jurídico supone nuevos riesgos que los directivos de las empresas tienen que afrontar con la ayuda de sus asesores jurídicos. De esta manera, el acometimiento de “protocolos de actuación” específicos juega actualmente un papel esencial a la hora de asegurar la ética en la gestión de sus negocios, dichos modelos de gestión se realizarán acorde a cada empresa según sus particularidades.

En el Bufete Jurídico Cocero y de Corvera estamos elaborando dictámenes a la medida de nuestros clientes, con estudio de sus concretas necesidades, para prevenir dicha responsabilidad.

El Supremo aclara la competencia de España para apresar “narcobarcos”

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado que España tiene competencia para investigar los ‘narcobarcos’ extranjeros, a pesar de la reforma del principio de Justicia universal que llevó a archivar la causa y excarcelar a 53 marineros acusados de tráfico de droga.

El Supremo ha revocado la decisión de la Audiencia Nacional que el pasado mes de abril interpretaba que la reforma de la Justicia universal impedía a los tribunales españoles persiguir el narcotráfico cuando éste fuera cometido por personas extranjeras, detenidas en aguas internacionales, que naveguen en barcos extranjeros con mercancía que no desembarque en nuestro territorio.

Esta importante Sentencia corrige ese criterio para aplicar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los casos de tráfico de drogas en el ámbito marino y reconoce la jurisdicción española para aprehender cualquier barco en alta mar que lleve droga, ya sea nacional o extranjero, cuando la Convención de Viena de 1988 y los Acuerdos del Mar de Montego Bay de 1982 otorguen competencia para el apresamiento.