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PROTECCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En los casos de emplazamiento en los supuestos de violencia de género, el Tribunal Constitucional establece la necesidad de proteger a las víctimas salvaguardando el domicilio de éstas, cuando la víctima lo ponga en conocimiento, teniendo que ser valorado por el juez.

El Tribunal Constitucional reitera la importancia de los medios de comunicación para dar efecto a la tutela judicial efectiva sin que se produzca indefensión, ya que la falta de comunicación del proceso a la ejecutada trae causa de una falta de diligencia del órgano judicial a la hora de realizar las averiguaciones sobre su domicilio.

NUEVA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

El 7 de octubre entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde podemos destacar entre otros la reforma de los procesos monitorios contra consumidores o usuarios, ya que con la modificación, el juez podrá controlar la existencia de cláusulas abusivas de los contratos y proceder a resolver, antes de que el secretario judicial acuerde el requerimiento, sin que llegue a producir cosa juzgada.

También encontramos una modificación muy sustancial, al atribuir a los procuradores capacidad de certificación para realizar todos los actos de comunicación con los mismos efectos que los que venían a realizar los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

A su vez introduce una innovación de la regulación del juicio verbal, implantando la figura de la contestación a la demanda, obteniendo de esta manera la posibilidad de que ambas partes acudan a la vista con los medios de prueba necesarios, también se introduce la posibilidad de acordar un trámite de conclusiones en el juicio verbal, y por último otra de las novedades incluidas en dicha reforma es que las partes podrán pedir que se resuelva el pleitos sin necesidad de celebración de la vista.

A partir del 1 de enero de 2016 se establecerá para los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías, el uso obligatorio y generalizado de las nuevas tecnologías, implantando normas generales para la presentación de documentos por medios telemáticos y escritos, pudiendo hacerse todos los días del años.

SUBEN LAS INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRÁFICO

El 1 de enero de 2016 entrará en vigor la nueva norma, que reforma el método de valoración de los daños en accidente de tráfico y otorga mayor protección a las víctimasgarantizando una indemnización por accidente más justa.

 

El cálculo de la indemnización por fallecimiento de la víctima de accidente de tráfico se verá incrementado en un 50% de media; para las secuelas en un 35% y en cuestión de lesiones supondrá un 12.8 % de incremento

 

Esta subida de las indemnizaciones también supone un mayor resarcimiento a la sanidad pública, ya que las compañías de seguros deberán indemnizar a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas los gastos de médicos, rehabilitación o prótesis que las víctimas necesiten en un futuro por las lesiones causadas en accidentes de tráfico.

ANTECEDENTES PENALES EN DELITOS LEVES

Con la introducción de la nueva reforma del código penal, que entró en vigor el pasado julio, se han eliminado las acciones tipificadas como faltas, tramitándose únicamente los comportamientos más graves como delito.

Se pueden apreciar dos importantes diferencias entre las faltas y los delitos leves. La primera de las diferencias radica en la prescripción, puesto que las faltas prescriben a los seis meses, frente a la prescripción en los delitos leves de un año. En segundo lugar, atiende al grado de consumación, puesto que las faltas no pueden incurrir en grado de tentativa, excepto las intentadas contra el patrimonio o las personas, mientras que los delitos leves si.

El principal problema que se plantea es el tema de los antecedentes penales, ya que mientras que las conductas derivadas de un Juicio de Faltas no generaban antecedentes penales, al convertirse en delitos leves, éstos tienen junto con la condena, antecedentes penales que quedan registrados, aunque dichos antecedentes penales por delitos leves no podrán tenerse en cuenta a efectos de reincidencia o suspensión de condena.

Otro tema importante de abarcar es la cancelación de los antecedentes penales por delitos leves, según la gravedad del delito el plazo para la cancelación de los antecedentes está entre 6 meses para aquellos delitos leves, pudiendo llegar a los 10 años en las penas muy graves.

EL SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CUBRE PESE A LA FALTA DE PAGO DE LA PÓLIZA.

Las compañías de seguros siguen obligadas a pagar indemnización por accidentes ocurridos hasta que no llegue la comunicación de la baja por escrito al asegurado, según ha quedado establecido como doctrina en una sentencia emitida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en un caso seguido por un accidente de tráfico. No pagar el seguro del coche no será excusa para que las aseguradoras no cubran los daños a terceros por accidente de tráfico hasta que se notifique fehacientemente al asegurado la baja por impago.

Aprobado el Estatuto de la Víctima del Delito

A finales de octubre entrará en vigor el Estatuto de la Víctima del delito, que ya fue presentado por el Ministro de Justicia el pasado año, con este texto se procura conseguir el objeto de disponer de un catálogo general de los derechos de las víctimas de delitos tanto procesales como extraprocesales, con independencia de que sean parte en un proceso penal o hayan decidido o no ejercer algún tipo de acción, e incluso con anterioridad a la iniciación del proceso penal.

La Ley del Estatuto de la Víctima del Delito pretende ofrecer a las víctimas la posibilidad de participar en la ejecución de las penas, así como, ser escuchadas con anterioridad de la concesión de la clasificación del condenado la libertad condicional, el tercer grado o los beneficios penitenciarios.

Con esta nueva Ley, se consigue establecer además, una serie de medidas relativas al reconocimiento y protección de la víctima, así como el desarrollo del régimen de medidas de protección de las víctimas con la intención de evitar su victimización secundaria. Destacando asimismo, el reconocimiento del derecho de la víctima a estar acompañada por la persona que designe y a ser informada sobre la causa abierta por el delito que sufrió aunque no esté personada, como también obtener información sobre la celebración del juicio, las notificaciones oportunas y de la libertad del encausado o la adopción de medidas cautelares, y aquellas resoluciones que puedan poner en peligro la seguridad de las víctimas, cuando se haya solicitado con anterioridad y suponga un peligro para la víctima. En las situaciones de violencia de género, dicha información será proporcionada a la víctima, aun sin haberla solicitado, salvo que se declare su voluntad de renunciar a dicho servicio.

Responsabilidad penal de las empresas

El pasado julio entró en vigor la última reforma del Código Penal, la cual afecta de manera importante a las empresas, Pymes incluidas. Siempre que una empresa haya implementado  antes de la comisión de un delito, por parte de sus directivos o empleados, un modelo de gestión u organización de medidas de control y vigilancia para prevenir delitos (Compliance Penal o Plan de Prevención de delitos), queda libre de responsabilidad empresarial penal.

Se pueden enfrentar a penas tanto de multas, inhabilitación, sufrir la disolución de la empresa, suspensión de las actividades de la entidad, hasta el cierre de los locales.

Este nuevo marco jurídico supone nuevos riesgos que los directivos de las empresas tienen que afrontar con la ayuda de sus asesores jurídicos. De esta manera, el acometimiento de “protocolos de actuación” específicos juega actualmente un papel esencial a la hora de asegurar la ética en la gestión de sus negocios, dichos modelos de gestión se realizarán acorde a cada empresa según sus particularidades.

En el Bufete Jurídico Cocero y de Corvera estamos elaborando dictámenes a la medida de nuestros clientes, con estudio de sus concretas necesidades, para prevenir dicha responsabilidad.

El Supremo aclara la competencia de España para apresar “narcobarcos”

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado que España tiene competencia para investigar los ‘narcobarcos’ extranjeros, a pesar de la reforma del principio de Justicia universal que llevó a archivar la causa y excarcelar a 53 marineros acusados de tráfico de droga.

El Supremo ha revocado la decisión de la Audiencia Nacional que el pasado mes de abril interpretaba que la reforma de la Justicia universal impedía a los tribunales españoles persiguir el narcotráfico cuando éste fuera cometido por personas extranjeras, detenidas en aguas internacionales, que naveguen en barcos extranjeros con mercancía que no desembarque en nuestro territorio.

Esta importante Sentencia corrige ese criterio para aplicar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los casos de tráfico de drogas en el ámbito marino y reconoce la jurisdicción española para aprehender cualquier barco en alta mar que lleve droga, ya sea nacional o extranjero, cuando la Convención de Viena de 1988 y los Acuerdos del Mar de Montego Bay de 1982 otorguen competencia para el apresamiento.

Nuevo convenio europeo para la lucha contra la violencia sobre las mujeres

En agosto entra en vigor el convenio de prevención, lucha y detención contra todo tipo de violencia sobre la mujer. El Convenio de Estambul compromete al estado que lo ratifica a perseguir estos delitos, así como a proteger a sus victimas, afectadas por las formas de violencia sobre la mujer tales como la mutilación genital femenina, maltrato sufrido por su pareja o expareja, la trata con fines de explotación, hasta el matrimonio forzoso.

El Estado que lo certifica se implica en la adopción de medidas punitivas, de información y legislativas para proteger a las víctimas y perseguir dichos delitos.

Entre las obligaciones que se engloban en el texto, se encuentra dar protección o asilo a aquellas víctimas de violencia contra la mujer. Así como la obligación de no ser devueltas  a sus países de origen, cuando puedan ser vícitmas de tortura, malos tratos o la vida de éstas corra peligro.

Polémico Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal

Con la aprobación del nuevo Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal se instauran una serie de medidas con el propósito de mejorar y agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia, pero a su vez se recogen unas reformas que sirven como barreras económicas que afectarán a muchas PYMES y ciudadanos de a pie.

Con esta reforma lo que se pretende, es conseguir un mejor funcionamiento de los Tribunales, agilizando el trabajo, pero a la vez han supuesto propuestas muy debatidas como limitar el acceso al recurso de apelación contra sentencias civiles a partir de los 6.000 €, o el subsiguiente recurso de casación para cuantías superiores a los 800.000 €). Ya que la instauración de tales medidas, podrían llevar a la indefensión de las personas incursas en un procedimiento, puesto que estas propuestas vendrían restringiendo el derecho de acceso a los Tribunales, limitando esa tutela judicial efectiva.