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¿QUÉ HACER ANTE UNA ESTAFA A TRAVÉS DE INTERNET?

En la época de Navidad es cuando más se producen estafas o fraudes por Internet, debido a la cantidad de compras que se realizan en estos tiempos por Internet, por la comodidad que supone efectuar las compras través de los sitios web.

Las estafas o fraudes en el mundo virtual pueden varias desde un perjuicio económico al defraudado, hasta el acopio de los datos personales del estafado para desviarla a terceros.

Los delitos más comunes que se producen por los espacios virtuales, son las estafas en productos falsificados, falsos prestamistas, vales de regalo fraudulentos, falsas ofertas de trabajo, estafas en alquileres, compraventa de artículos usados, ‘Phising’ (intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria).

Es imprescindible recopilar toda la información perteneciente a la operación llevada a cabo con la página fraudulenta y todas las pruebas posibles, ya sean correos electrónicos, facturas, comprobantes de pagos y toda la información que se tenga sobre el sitio web fraudulento.

En ocasiones puede producirse que la página web fraudulenta desaparezca de Internet o que el responsable actué de manera anónima, no siendo problema alguno para la averiguación de la identidad del presunto y la recuperación de los datos de la página web borrada por medio de las habilidades de los peritos informáticos, para a continuación proceder a interponer una denuncia o una querella siendo necesario precisar de abogado y procurador.

DELITOS EN LAS REDES SOCIALES

 

Cada vez hay más casos de injurias y amenazas en las redes sociales, llegando a colapsar los juzgados por el incremento que está suponiendo este tipo de casos.

Saliendo de la normal utilización de las redes sociales, en ocasiones esos canales de comunicación se utilizan para proferir injurias, calumnias, amenazas, o llevar a cabo conductas de acoso. Lo que sucede en la mayoría de estos casos es que los infractores no son conscientes de que están cometiendo un delito.

Recientemente el Ministerio del Interior ha creado una nueva Unidad Central de Investigación de Delitos Tecnológicos, el cual se encarga también de perseguir las actividades delictivas en las redes sociales.

Lo primero que se recomienda hacer, si se es víctima de uno de estos delitos, es recopilar la mayor cantidad de pruebas posible, pudiendo valer tanto fotografías como capturas de pantalla de los insultos o amenazas, aunque lo más recomendable es levantar acta notarial de los contenidos.

Igualmente, existen periciales informáticas por medio de las cuales es posible probar la comisión de una infracción administrativa o penal a pesar de que el contenido haya sido manipulado o borrado de la red.

Esto servirá para fundamentar los hechos ante un tribunal y también facilitará la identificación del autor o autores.

Lo siguiente que se debe hacer es denunciar los hechos acontecidos, pudiendo hacerlo a través del Grupo de Delitos Informáticos en la Unidad Central Operativa perteneciente a la Guardia Civil.
 
En cualquier caso, es siempre recomendable recurrir al asesoramiento de un abogado especializado, para que defienda sus intereses en el procedimiento correspondiente

EL MINISTERIO DE INTERIOR PLANTEA INSTALAR CÁMARAS EN LOS CALABOZOS

Tras las constantes peticiones del Defensor del Pueblo y órganos interministeriales relacionados con esta materia, el pasado 7 de noviembre se han firmado por el Secretario de Estado de Seguridad, las instrucciones por las que se aprueba el protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de Policía Nacional y Guardia Civil.

Dicho protocolo introduce entre otras, video-vigilancia en los calabozos, una mayor información sobre el custodiado y el uso de celdas independientes para determinados detenidos

La principal novedad introducida es la instalación de sistemas de video-vigilancia con grabación continua. De la existencia de dichas cámaras debe ser informado el detenido desde el principio. A su vez, los funcionarios quedan obligados a realizar rondas periódicas, con independencia de la existencia de las cámaras, para comprobar el estado de los detenidos.

Del mismo modo, se habilitarán celdas independientes para los detenidos en situación de incomunicación, para usos específicos.

Así mismo, los funcionarios obtendrán información del detenido, tanto sobre sus circunstancias psicológicas o médicas, como del grado de peligrosidad.

Lo que garantiza dicho protocolo es conseguir mayor protección para aquellas personas privadas de libertad y a su vez, mayor seguridad jurídica para los funcionarios que ejercen su custodia.

¿QUÉ HACER ANTE UN CONTROL DE ALCOHOLEMIA?

En el artículo de hoy, vamos a abordar un tema que suscita mucho interés, como es el momento de someterse a un control de alcoholemia, de los que cada fin de semana encontramos en diversas calles y carreteras. Nuestros consejos legales son los siguientes:

 

A la hora de enfrentarse a un control de alcoholemia, en ningún momento debe oponerse a que se le practique la prueba, ya que incurrirá en un delito sancionado con penas más graves que las alcoholemias (prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años).

 

En el supuesto de dar positivo en la prueba de alcoholemia, podemos distinguir tres tipos de sanciones según su gravedad:

 

1º A partir de 0,25 mg/l en aire espirado, pero no superior a 0,50 mg/l, se enfrentará a una sanción de multa de 500€ a 1.000€ y retirada de 4 puntos.

2º Si el alcoholímetro arroja un resultado de entre 0,51 y 0,60 mg/l, la multa será de 1.000€ y la retirada de 6 puntos.

3º A partir de 0,61 mg/l en el control de alcoholemia, será acusado de un delito, castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o con la multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años.

 

En cualquiera de los tres casos, sus derechos son:

 

-Volver a soplar pasados como mínimo 10 minutos entre la primera y la segunda, como prueba de contraste. Se tendrá en cuenta la tasa más baja de las dos.

-Que se deje constancia en el acta de tantas alegaciones como quiera, pudiendo firmarla o no, sin que firmar signifique la aceptación de la comisión de la acción sancionada, pero pudiendo también firmar “no conforme” y expresar los motivos.

-Que se le ofrezca la posibilidad de someterse a una tercera prueba de contraste mediante un análisis de sangre, corriendo el conductor con los gastos del análisis de sangre en el caso de ser positivo (100€-200€), en el caso contrario los gastos correrán por cuenta de la Administración. El análisis es recomendable en caso de que la tasa entre la primera y la segunda prueba esté bajando, y la más baja roce el límite de ser sancionado en menor grado.

-Si viajaba con un acompañante, éste podrá someterse a la prueba de alcoholemia, para hacerse cargo del coche y evitar que los agentes inmovilicen el vehículo y lo retiren por medio de grúa, con los gastos que conllevaría. En el caso de no ir acompañado, puede avisar a alguien para que retire el coche de inmediato.

 

En el caso de ser detenido por superar 0,60 mg/l en aire espirado y estar acusado de un delito:

-La policía tiene la obligación de entregarle una hoja conteniendo sus derechos como detenido.

-Podrá nombrar un abogado y, si no, se le designará uno de oficio, al que también deberá pagar si no tiene concedida la Justicia Gratuita. Puede aprovechar la llamada que se le permite para contactar con un familiar o conocido y pedirle que contrate a uno.

-Tiene derecho a reunirse reservadamente con su abogado antes de la declaración.

 

Una vez tomada la declaración, será citado para la celebración del juicio rápido por alcoholemia y será puesto en libertad (si el caso no tiene otra complejidad).

 

 

En Cocero y de Corvera Abogados contamos con un servicio de abogados 24 horas especializados, que podrán acudir en el menor tiempo posible para asistirle. Teléfono movil 24 horas 609.07.00.00

NUEVOS DERECHOS DEL DETENIDO A PARTIR DE NOVIEMBRE

El 1 de Noviembre entra en vigor parte de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Entre las novedades más destacadas, se encuentran varias que vienen a ampliar los derechos del detenido en adaptación a la normativa Europea, algunas de las cuales resumimos a continuación:

– Nueva hoja informativa de derechos al detenido: además de efectuarse la lectura y firma de los derechos al detenido, la Policía también debe entregarle una hoja informativa en idioma que entienda para que la conserve en su poder durante todo el tiempo de la detención.

– La Policía le debe informar el tiempo máximo de duración de la detención.

– El detenido también contará con el derecho a telefonear personalmente a un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal.

– El abogado podrá leer el atestado, así como entrevistarse reservadamente y asesorar al detenido antes de la primera declaración ante la policía (y, según la Directiva Europea, incluso participar activamente en el interrogatorio).

 

– El abogado designado tendrá que acudir al centro de detención en un plazo máximo de tres horas (antes eran 8 h.), o se nombrará un nuevo abogado de oficio.

– En caso de detenciones incomunicadas, será obligatorio que cada 24 horas los detenidos pasen una revisión médica para comprobar su estado físico y psíquico.

 -A la hora de realizarse la detención, la policía tendrá el deber de proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores,con la intención de asegurar el respeto a sus derechos constitucionales.

PROTECCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En los casos de emplazamiento en los supuestos de violencia de género, el Tribunal Constitucional establece la necesidad de proteger a las víctimas salvaguardando el domicilio de éstas, cuando la víctima lo ponga en conocimiento, teniendo que ser valorado por el juez.

El Tribunal Constitucional reitera la importancia de los medios de comunicación para dar efecto a la tutela judicial efectiva sin que se produzca indefensión, ya que la falta de comunicación del proceso a la ejecutada trae causa de una falta de diligencia del órgano judicial a la hora de realizar las averiguaciones sobre su domicilio.

ANTECEDENTES PENALES EN DELITOS LEVES

Con la introducción de la nueva reforma del código penal, que entró en vigor el pasado julio, se han eliminado las acciones tipificadas como faltas, tramitándose únicamente los comportamientos más graves como delito.

Se pueden apreciar dos importantes diferencias entre las faltas y los delitos leves. La primera de las diferencias radica en la prescripción, puesto que las faltas prescriben a los seis meses, frente a la prescripción en los delitos leves de un año. En segundo lugar, atiende al grado de consumación, puesto que las faltas no pueden incurrir en grado de tentativa, excepto las intentadas contra el patrimonio o las personas, mientras que los delitos leves si.

El principal problema que se plantea es el tema de los antecedentes penales, ya que mientras que las conductas derivadas de un Juicio de Faltas no generaban antecedentes penales, al convertirse en delitos leves, éstos tienen junto con la condena, antecedentes penales que quedan registrados, aunque dichos antecedentes penales por delitos leves no podrán tenerse en cuenta a efectos de reincidencia o suspensión de condena.

Otro tema importante de abarcar es la cancelación de los antecedentes penales por delitos leves, según la gravedad del delito el plazo para la cancelación de los antecedentes está entre 6 meses para aquellos delitos leves, pudiendo llegar a los 10 años en las penas muy graves.

Aprobado el Estatuto de la Víctima del Delito

A finales de octubre entrará en vigor el Estatuto de la Víctima del delito, que ya fue presentado por el Ministro de Justicia el pasado año, con este texto se procura conseguir el objeto de disponer de un catálogo general de los derechos de las víctimas de delitos tanto procesales como extraprocesales, con independencia de que sean parte en un proceso penal o hayan decidido o no ejercer algún tipo de acción, e incluso con anterioridad a la iniciación del proceso penal.

La Ley del Estatuto de la Víctima del Delito pretende ofrecer a las víctimas la posibilidad de participar en la ejecución de las penas, así como, ser escuchadas con anterioridad de la concesión de la clasificación del condenado la libertad condicional, el tercer grado o los beneficios penitenciarios.

Con esta nueva Ley, se consigue establecer además, una serie de medidas relativas al reconocimiento y protección de la víctima, así como el desarrollo del régimen de medidas de protección de las víctimas con la intención de evitar su victimización secundaria. Destacando asimismo, el reconocimiento del derecho de la víctima a estar acompañada por la persona que designe y a ser informada sobre la causa abierta por el delito que sufrió aunque no esté personada, como también obtener información sobre la celebración del juicio, las notificaciones oportunas y de la libertad del encausado o la adopción de medidas cautelares, y aquellas resoluciones que puedan poner en peligro la seguridad de las víctimas, cuando se haya solicitado con anterioridad y suponga un peligro para la víctima. En las situaciones de violencia de género, dicha información será proporcionada a la víctima, aun sin haberla solicitado, salvo que se declare su voluntad de renunciar a dicho servicio.

Responsabilidad penal de las empresas

El pasado julio entró en vigor la última reforma del Código Penal, la cual afecta de manera importante a las empresas, Pymes incluidas. Siempre que una empresa haya implementado  antes de la comisión de un delito, por parte de sus directivos o empleados, un modelo de gestión u organización de medidas de control y vigilancia para prevenir delitos (Compliance Penal o Plan de Prevención de delitos), queda libre de responsabilidad empresarial penal.

Se pueden enfrentar a penas tanto de multas, inhabilitación, sufrir la disolución de la empresa, suspensión de las actividades de la entidad, hasta el cierre de los locales.

Este nuevo marco jurídico supone nuevos riesgos que los directivos de las empresas tienen que afrontar con la ayuda de sus asesores jurídicos. De esta manera, el acometimiento de “protocolos de actuación” específicos juega actualmente un papel esencial a la hora de asegurar la ética en la gestión de sus negocios, dichos modelos de gestión se realizarán acorde a cada empresa según sus particularidades.

En el Bufete Jurídico Cocero y de Corvera estamos elaborando dictámenes a la medida de nuestros clientes, con estudio de sus concretas necesidades, para prevenir dicha responsabilidad.

El Supremo aclara la competencia de España para apresar “narcobarcos”

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado que España tiene competencia para investigar los ‘narcobarcos’ extranjeros, a pesar de la reforma del principio de Justicia universal que llevó a archivar la causa y excarcelar a 53 marineros acusados de tráfico de droga.

El Supremo ha revocado la decisión de la Audiencia Nacional que el pasado mes de abril interpretaba que la reforma de la Justicia universal impedía a los tribunales españoles persiguir el narcotráfico cuando éste fuera cometido por personas extranjeras, detenidas en aguas internacionales, que naveguen en barcos extranjeros con mercancía que no desembarque en nuestro territorio.

Esta importante Sentencia corrige ese criterio para aplicar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los casos de tráfico de drogas en el ámbito marino y reconoce la jurisdicción española para aprehender cualquier barco en alta mar que lleve droga, ya sea nacional o extranjero, cuando la Convención de Viena de 1988 y los Acuerdos del Mar de Montego Bay de 1982 otorguen competencia para el apresamiento.