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DESAHUCIAR AL ARRENDATARIO POR FALTA DE PAGO

En la noticia de hoy abordaremos un tema que por desgracia ocurre cada vez más. Se trata de cómo recuperar una vivienda arrendada ante el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de inquilino.

 

Los motivos que pueden derivar a iniciar un procedimiento de desahucio pueden ser tanto el impago de un solo mes de la renta u otras cantidades como los gastos de comunidad, los suministros, entre otros; el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato: subarriendo parcial o total, realización de obras estructurales no consentidas en la vivienda o daños en el mismo; como por la terminación del plazo del contrato y el inquilino permanece en el inmueble.

 

Para que se pueda iniciar el procedimiento de desahucio, es imprescindible que el arrendador presente una demanda contra el inquilino, siendo conveniente, previo a la interposición de la demanda, requerir el pago mediante burofax, o medio fehaciente similar, con al menos un mes de antelación. De esta manera, si el arrendatario no abona las cantidades adeudadas en el plazo 10 días, no podrá enervar la acción de desahucio en el proceso judicial.

 

Una vez dictada la Sentencia en la que se decide que se realice el desahucio, se puede iniciar un nuevo juicio para ejecutar lo recogido en dicha Sentencia a partir de los 20 días desde que obtuvo firmeza, donde se podrá acordar el embargo de los bienes o dinero del deudor para cubrir la deuda, venciendo dicho plazo para interponer la nueva demanda a los 5 años.

 

En ningún caso, el arrendador deber tomar medidas tales como cortar los suministros, o cambiar la cerradura de la casa, puesto que podría verse implicado en una denuncia por coacciones.

INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE EN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

¿Qué se debe hacer tras sufrir un accidente en un establecimiento público, ya sea un bar, un centro comercial o una tienda?

Si nos encontramos ante una situación como ésta, en la que suframos una lesión a consecuencia de la acción u omisión negligente o culposa de los responsables del local, se debe proceder de la siguiente forma:

– Reunir las pruebas que puedan demostrar lo sucedido (fotos, datos de testigos…)

– Solicitar al responsable del local que le entregue un parte en el que recoja todos los datos sobre el accidente sucedido, y pedirle los datos de seguro de responsabilidad civil al que está obligado a comunicar el siniestro en plazo de 7 días.

– Llamar al SAMUR o acudir al centro de salud más cercano posible para que se le expida un parte médico, y cumplir con todas las indicaciones respecto al tratamiento, consultas, baja laboral, rehabilitación, etc.

– Guardar todos los papeles correspondientes a los gastos, recetas e informes médicos.

– Pedir que se le entregue el informe de alta tras la curación.

Es conveniente enviar un burofax o requerimiento notarial al responsable del local y aseguradora, solicitando el pago de una indemnización, intentando una transacción amistosa antes de ir a juicio.

Para comenzar las acciones judiciales necesarias y reclamar una indemnización por el accidente, tiene un plazo de un año desde el momento en que se obtenga el alta médica o estabilidad de las lesiones (cuando las lesiones residuales son consideradas ya secuelas).

También podemos reclamar posteriormente cuando surgen nuevas lesiones sobrevenidas, proveniente de aquel accidente que padecimos tiempo atrás, y por el cual ya obtuvimos indemnización, ya que en su momento no podemos prever este daño y reclamar en consecuencia, por lo que tendremos este derecho desde el momento en que somos conciente del daño que ha sobrevenido y se hayan estabilizado sus secuelas, aunque este daño, como hemos dicho, se hubiese producido tiempo atrás, teniendo por la vía civil un año de plazo desde que somos conscientes del daño y su estabilización.

Igualmente, es preferible que acuda cuanto antes a un abogado especializado para que le asista en todos los trámites, desde el principio, asegurando la mejor defensa de sus intereses.

OBLIGACIÓN DE PAGAR LA PENSIÓN DE ALIMENTOS POR EL PROGENITOR EN PARADERO DESCONOCIDO

El hecho de encontrarse uno de los progenitores en paradero desconocido ya no impide que los Tribunales impongan una pensión a favor del menor, pensión que estará obligado a pagar el progenitor desaparecido, al que se puede tener por notificado en rebeldía, derivándose la correspondiente responsabilidad penal en caso de impago.

Antes, el progenitor ilocalizable lograba evadir la responsabilidad de pagar la pensión de alimentos cuando no se conocían sus circunstancias económicas y laborales para fijar una cuantía.

Pero ahora, tras la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Supremo, se hace prevalecer la obligación constitucional de prestar los alimentos (art. 39 CE) y los tribunales están obligados a tutelar los derechos del menor a recibir la asistencia de sus progenitores, imponiendo una cuantía mínima porcentual sobre los ingresos del desaparecido. En caso de impago, se podrá reclamar responsabilidad penal del mismo, de la que responderá también en el momento que fuera hallado.

Todo ello sin perjuicio de las acciones que el rebelde o el representante legal del menor pudieran plantear una vez hallado en orden a modificar esas medidas (cuantía de la pensión) según la capacidad económica que resulte tener.

EL SUPREMO REVOCA UNA DONACIÓN UNA HIJA POR SU COMPORTAMIENTO INGRATO.

Hoy nos hacemos eco de la noticia que está ocupando los titulares de los periódicos por su contenido un tanto singular, pero que en sentido estricto no es novedad. El Tribunal Supremo se reafirma en sus anteriores resoluciones al dictar una sentencia en la que se revoca la donación hecha por unos padres a su hija al haber mantenido un comportamiento ingrato hacia ellos, puesto que llegó en una ocasión a propinar una bofetada a su padre e insultar gravemente a su madre.

Según dicha jurisprudencia, basta con que se haya llevado a cabo una conducta del donatario socialmente reprobable y que resulte ofensiva para el donante (aunque los hechos no se hayan ni siquiera denunciado), para que pueda determinar un comportamiento ingrato y derive en la revocación de una donación.

NUEVA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

El 7 de octubre entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde podemos destacar entre otros la reforma de los procesos monitorios contra consumidores o usuarios, ya que con la modificación, el juez podrá controlar la existencia de cláusulas abusivas de los contratos y proceder a resolver, antes de que el secretario judicial acuerde el requerimiento, sin que llegue a producir cosa juzgada.

También encontramos una modificación muy sustancial, al atribuir a los procuradores capacidad de certificación para realizar todos los actos de comunicación con los mismos efectos que los que venían a realizar los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

A su vez introduce una innovación de la regulación del juicio verbal, implantando la figura de la contestación a la demanda, obteniendo de esta manera la posibilidad de que ambas partes acudan a la vista con los medios de prueba necesarios, también se introduce la posibilidad de acordar un trámite de conclusiones en el juicio verbal, y por último otra de las novedades incluidas en dicha reforma es que las partes podrán pedir que se resuelva el pleitos sin necesidad de celebración de la vista.

A partir del 1 de enero de 2016 se establecerá para los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías, el uso obligatorio y generalizado de las nuevas tecnologías, implantando normas generales para la presentación de documentos por medios telemáticos y escritos, pudiendo hacerse todos los días del años.

EL SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CUBRE PESE A LA FALTA DE PAGO DE LA PÓLIZA.

Las compañías de seguros siguen obligadas a pagar indemnización por accidentes ocurridos hasta que no llegue la comunicación de la baja por escrito al asegurado, según ha quedado establecido como doctrina en una sentencia emitida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en un caso seguido por un accidente de tráfico. No pagar el seguro del coche no será excusa para que las aseguradoras no cubran los daños a terceros por accidente de tráfico hasta que se notifique fehacientemente al asegurado la baja por impago.

Las parejas divorciadas deben pagar la hipoteca a medias

El Tribunal Supremo ha establecido recientemente que el pago de las cuotas de la hipoteca contratada por ambos cónyuges para adquirir la vivienda familiar constituye una deuda de la sociedad de gananciales y no una carga del matrimonio, por lo que en caso de divorcio deberán ser abonadas por mitad entre éstos y no en función del sueldo.

Así lo indica la Sala de lo Civil del Alto Tribunal en una sentencia, en la que acuerda fijar doctrina al existir al respecto jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. Como consecuencia directa, la situación en que los términos económicos del divorcio establecían la obligación de uno de los cónyuges de sufragar incluso el 100% de la hipoteca está condenada a desaparecer.

No obstante, para paliar la desigualdad económica entre los cónyuges, se prevé que las pensiones de alimentos o compensatorias, en cambio, serán más elevadas.

Obviamente, esta nueva doctrina jurisprudencial no tiene efectos retroactivos, por lo cual, en el Bufete Jurídico Cocero y de Corvera venimos asesorando a nuestros clientes en el sentido de presentar una demanda de modificación de medidas para la revisión de su caso sólo si se puede acreditar una variación sustancial de las circunstancias económicas de alguno de los cónyuges.