Especialistas abordan en Valladolid los nuevos plazos de instrucción de las causas penales

El fiscal de Sala del Tribunal Supremo y los magistrados de enlace de Francia y Reino Unido en España participan en la jornada organizada por el Colegio de Abogados de Valladolid y la Fiscalía de Castilla y León.

El Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) ha sido escenario de una jornada organizada por el propio ICAVA y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre los nuevos plazos de instrucción de las causas penales.

La jornada contó con la presencia del decano del Colegio, Jesús Verdugo, y la fiscal Superior de Castilla y León, Lourdes Rey, y tuvo por objeto abordar las cuestiones más actuales que plantean estos nuevos plazos de instrucción.

El debate abordó un análisis del artículo 324 LECr, presentado por Ricardo González Cerrón, teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al que acompañaron como ponentes Coral Aranguena, catedrática de Derecho Procesal de la UVA y Montserrat de Hoyos, profesora del mismo departamento, que trató de esclarecer las causas de especial complejidad.

Sobre los efectos del vencimiento de los plazos del artículo 324 LECr. habló el fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, Pedro Crespo Barquero, presentado por la propia fiscal Superior, Lourdes Rodríguez.

La jornada concluyó con las ponencias de Helene Davo, magistrada de enlace de Francia en España, y Benedict Leonard, magistrado de enlace del Reino Unido en España, sobre la duración de los procesos y su control en Derecho Comparado.

¿QUÉ HACER ANTE UNA ESTAFA A TRAVÉS DE INTERNET?

En la época de Navidad es cuando más se producen estafas o fraudes por Internet, debido a la cantidad de compras que se realizan en estos tiempos por Internet, por la comodidad que supone efectuar las compras través de los sitios web.

Las estafas o fraudes en el mundo virtual pueden varias desde un perjuicio económico al defraudado, hasta el acopio de los datos personales del estafado para desviarla a terceros.

Los delitos más comunes que se producen por los espacios virtuales, son las estafas en productos falsificados, falsos prestamistas, vales de regalo fraudulentos, falsas ofertas de trabajo, estafas en alquileres, compraventa de artículos usados, ‘Phising’ (intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria).

Es imprescindible recopilar toda la información perteneciente a la operación llevada a cabo con la página fraudulenta y todas las pruebas posibles, ya sean correos electrónicos, facturas, comprobantes de pagos y toda la información que se tenga sobre el sitio web fraudulento.

En ocasiones puede producirse que la página web fraudulenta desaparezca de Internet o que el responsable actué de manera anónima, no siendo problema alguno para la averiguación de la identidad del presunto y la recuperación de los datos de la página web borrada por medio de las habilidades de los peritos informáticos, para a continuación proceder a interponer una denuncia o una querella siendo necesario precisar de abogado y procurador.

DESAHUCIAR AL ARRENDATARIO POR FALTA DE PAGO

En la noticia de hoy abordaremos un tema que por desgracia ocurre cada vez más. Se trata de cómo recuperar una vivienda arrendada ante el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de inquilino.

 

Los motivos que pueden derivar a iniciar un procedimiento de desahucio pueden ser tanto el impago de un solo mes de la renta u otras cantidades como los gastos de comunidad, los suministros, entre otros; el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato: subarriendo parcial o total, realización de obras estructurales no consentidas en la vivienda o daños en el mismo; como por la terminación del plazo del contrato y el inquilino permanece en el inmueble.

 

Para que se pueda iniciar el procedimiento de desahucio, es imprescindible que el arrendador presente una demanda contra el inquilino, siendo conveniente, previo a la interposición de la demanda, requerir el pago mediante burofax, o medio fehaciente similar, con al menos un mes de antelación. De esta manera, si el arrendatario no abona las cantidades adeudadas en el plazo 10 días, no podrá enervar la acción de desahucio en el proceso judicial.

 

Una vez dictada la Sentencia en la que se decide que se realice el desahucio, se puede iniciar un nuevo juicio para ejecutar lo recogido en dicha Sentencia a partir de los 20 días desde que obtuvo firmeza, donde se podrá acordar el embargo de los bienes o dinero del deudor para cubrir la deuda, venciendo dicho plazo para interponer la nueva demanda a los 5 años.

 

En ningún caso, el arrendador deber tomar medidas tales como cortar los suministros, o cambiar la cerradura de la casa, puesto que podría verse implicado en una denuncia por coacciones.

INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE EN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

¿Qué se debe hacer tras sufrir un accidente en un establecimiento público, ya sea un bar, un centro comercial o una tienda?

Si nos encontramos ante una situación como ésta, en la que suframos una lesión a consecuencia de la acción u omisión negligente o culposa de los responsables del local, se debe proceder de la siguiente forma:

– Reunir las pruebas que puedan demostrar lo sucedido (fotos, datos de testigos…)

– Solicitar al responsable del local que le entregue un parte en el que recoja todos los datos sobre el accidente sucedido, y pedirle los datos de seguro de responsabilidad civil al que está obligado a comunicar el siniestro en plazo de 7 días.

– Llamar al SAMUR o acudir al centro de salud más cercano posible para que se le expida un parte médico, y cumplir con todas las indicaciones respecto al tratamiento, consultas, baja laboral, rehabilitación, etc.

– Guardar todos los papeles correspondientes a los gastos, recetas e informes médicos.

– Pedir que se le entregue el informe de alta tras la curación.

Es conveniente enviar un burofax o requerimiento notarial al responsable del local y aseguradora, solicitando el pago de una indemnización, intentando una transacción amistosa antes de ir a juicio.

Para comenzar las acciones judiciales necesarias y reclamar una indemnización por el accidente, tiene un plazo de un año desde el momento en que se obtenga el alta médica o estabilidad de las lesiones (cuando las lesiones residuales son consideradas ya secuelas).

También podemos reclamar posteriormente cuando surgen nuevas lesiones sobrevenidas, proveniente de aquel accidente que padecimos tiempo atrás, y por el cual ya obtuvimos indemnización, ya que en su momento no podemos prever este daño y reclamar en consecuencia, por lo que tendremos este derecho desde el momento en que somos conciente del daño que ha sobrevenido y se hayan estabilizado sus secuelas, aunque este daño, como hemos dicho, se hubiese producido tiempo atrás, teniendo por la vía civil un año de plazo desde que somos conscientes del daño y su estabilización.

Igualmente, es preferible que acuda cuanto antes a un abogado especializado para que le asista en todos los trámites, desde el principio, asegurando la mejor defensa de sus intereses.

DELITOS EN LAS REDES SOCIALES

 

Cada vez hay más casos de injurias y amenazas en las redes sociales, llegando a colapsar los juzgados por el incremento que está suponiendo este tipo de casos.

Saliendo de la normal utilización de las redes sociales, en ocasiones esos canales de comunicación se utilizan para proferir injurias, calumnias, amenazas, o llevar a cabo conductas de acoso. Lo que sucede en la mayoría de estos casos es que los infractores no son conscientes de que están cometiendo un delito.

Recientemente el Ministerio del Interior ha creado una nueva Unidad Central de Investigación de Delitos Tecnológicos, el cual se encarga también de perseguir las actividades delictivas en las redes sociales.

Lo primero que se recomienda hacer, si se es víctima de uno de estos delitos, es recopilar la mayor cantidad de pruebas posible, pudiendo valer tanto fotografías como capturas de pantalla de los insultos o amenazas, aunque lo más recomendable es levantar acta notarial de los contenidos.

Igualmente, existen periciales informáticas por medio de las cuales es posible probar la comisión de una infracción administrativa o penal a pesar de que el contenido haya sido manipulado o borrado de la red.

Esto servirá para fundamentar los hechos ante un tribunal y también facilitará la identificación del autor o autores.

Lo siguiente que se debe hacer es denunciar los hechos acontecidos, pudiendo hacerlo a través del Grupo de Delitos Informáticos en la Unidad Central Operativa perteneciente a la Guardia Civil.
 
En cualquier caso, es siempre recomendable recurrir al asesoramiento de un abogado especializado, para que defienda sus intereses en el procedimiento correspondiente

EL MINISTERIO DE INTERIOR PLANTEA INSTALAR CÁMARAS EN LOS CALABOZOS

Tras las constantes peticiones del Defensor del Pueblo y órganos interministeriales relacionados con esta materia, el pasado 7 de noviembre se han firmado por el Secretario de Estado de Seguridad, las instrucciones por las que se aprueba el protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de Policía Nacional y Guardia Civil.

Dicho protocolo introduce entre otras, video-vigilancia en los calabozos, una mayor información sobre el custodiado y el uso de celdas independientes para determinados detenidos

La principal novedad introducida es la instalación de sistemas de video-vigilancia con grabación continua. De la existencia de dichas cámaras debe ser informado el detenido desde el principio. A su vez, los funcionarios quedan obligados a realizar rondas periódicas, con independencia de la existencia de las cámaras, para comprobar el estado de los detenidos.

Del mismo modo, se habilitarán celdas independientes para los detenidos en situación de incomunicación, para usos específicos.

Así mismo, los funcionarios obtendrán información del detenido, tanto sobre sus circunstancias psicológicas o médicas, como del grado de peligrosidad.

Lo que garantiza dicho protocolo es conseguir mayor protección para aquellas personas privadas de libertad y a su vez, mayor seguridad jurídica para los funcionarios que ejercen su custodia.

¿QUÉ HACER ANTE UN CONTROL DE ALCOHOLEMIA?

En el artículo de hoy, vamos a abordar un tema que suscita mucho interés, como es el momento de someterse a un control de alcoholemia, de los que cada fin de semana encontramos en diversas calles y carreteras. Nuestros consejos legales son los siguientes:

 

A la hora de enfrentarse a un control de alcoholemia, en ningún momento debe oponerse a que se le practique la prueba, ya que incurrirá en un delito sancionado con penas más graves que las alcoholemias (prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años).

 

En el supuesto de dar positivo en la prueba de alcoholemia, podemos distinguir tres tipos de sanciones según su gravedad:

 

1º A partir de 0,25 mg/l en aire espirado, pero no superior a 0,50 mg/l, se enfrentará a una sanción de multa de 500€ a 1.000€ y retirada de 4 puntos.

2º Si el alcoholímetro arroja un resultado de entre 0,51 y 0,60 mg/l, la multa será de 1.000€ y la retirada de 6 puntos.

3º A partir de 0,61 mg/l en el control de alcoholemia, será acusado de un delito, castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o con la multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años.

 

En cualquiera de los tres casos, sus derechos son:

 

-Volver a soplar pasados como mínimo 10 minutos entre la primera y la segunda, como prueba de contraste. Se tendrá en cuenta la tasa más baja de las dos.

-Que se deje constancia en el acta de tantas alegaciones como quiera, pudiendo firmarla o no, sin que firmar signifique la aceptación de la comisión de la acción sancionada, pero pudiendo también firmar “no conforme” y expresar los motivos.

-Que se le ofrezca la posibilidad de someterse a una tercera prueba de contraste mediante un análisis de sangre, corriendo el conductor con los gastos del análisis de sangre en el caso de ser positivo (100€-200€), en el caso contrario los gastos correrán por cuenta de la Administración. El análisis es recomendable en caso de que la tasa entre la primera y la segunda prueba esté bajando, y la más baja roce el límite de ser sancionado en menor grado.

-Si viajaba con un acompañante, éste podrá someterse a la prueba de alcoholemia, para hacerse cargo del coche y evitar que los agentes inmovilicen el vehículo y lo retiren por medio de grúa, con los gastos que conllevaría. En el caso de no ir acompañado, puede avisar a alguien para que retire el coche de inmediato.

 

En el caso de ser detenido por superar 0,60 mg/l en aire espirado y estar acusado de un delito:

-La policía tiene la obligación de entregarle una hoja conteniendo sus derechos como detenido.

-Podrá nombrar un abogado y, si no, se le designará uno de oficio, al que también deberá pagar si no tiene concedida la Justicia Gratuita. Puede aprovechar la llamada que se le permite para contactar con un familiar o conocido y pedirle que contrate a uno.

-Tiene derecho a reunirse reservadamente con su abogado antes de la declaración.

 

Una vez tomada la declaración, será citado para la celebración del juicio rápido por alcoholemia y será puesto en libertad (si el caso no tiene otra complejidad).

 

 

En Cocero y de Corvera Abogados contamos con un servicio de abogados 24 horas especializados, que podrán acudir en el menor tiempo posible para asistirle. Teléfono movil 24 horas 609.07.00.00

OBLIGACIÓN DE PAGAR LA PENSIÓN DE ALIMENTOS POR EL PROGENITOR EN PARADERO DESCONOCIDO

El hecho de encontrarse uno de los progenitores en paradero desconocido ya no impide que los Tribunales impongan una pensión a favor del menor, pensión que estará obligado a pagar el progenitor desaparecido, al que se puede tener por notificado en rebeldía, derivándose la correspondiente responsabilidad penal en caso de impago.

Antes, el progenitor ilocalizable lograba evadir la responsabilidad de pagar la pensión de alimentos cuando no se conocían sus circunstancias económicas y laborales para fijar una cuantía.

Pero ahora, tras la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Supremo, se hace prevalecer la obligación constitucional de prestar los alimentos (art. 39 CE) y los tribunales están obligados a tutelar los derechos del menor a recibir la asistencia de sus progenitores, imponiendo una cuantía mínima porcentual sobre los ingresos del desaparecido. En caso de impago, se podrá reclamar responsabilidad penal del mismo, de la que responderá también en el momento que fuera hallado.

Todo ello sin perjuicio de las acciones que el rebelde o el representante legal del menor pudieran plantear una vez hallado en orden a modificar esas medidas (cuantía de la pensión) según la capacidad económica que resulte tener.

NUEVOS DERECHOS DEL DETENIDO A PARTIR DE NOVIEMBRE

El 1 de Noviembre entra en vigor parte de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Entre las novedades más destacadas, se encuentran varias que vienen a ampliar los derechos del detenido en adaptación a la normativa Europea, algunas de las cuales resumimos a continuación:

– Nueva hoja informativa de derechos al detenido: además de efectuarse la lectura y firma de los derechos al detenido, la Policía también debe entregarle una hoja informativa en idioma que entienda para que la conserve en su poder durante todo el tiempo de la detención.

– La Policía le debe informar el tiempo máximo de duración de la detención.

– El detenido también contará con el derecho a telefonear personalmente a un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal.

– El abogado podrá leer el atestado, así como entrevistarse reservadamente y asesorar al detenido antes de la primera declaración ante la policía (y, según la Directiva Europea, incluso participar activamente en el interrogatorio).

 

– El abogado designado tendrá que acudir al centro de detención en un plazo máximo de tres horas (antes eran 8 h.), o se nombrará un nuevo abogado de oficio.

– En caso de detenciones incomunicadas, será obligatorio que cada 24 horas los detenidos pasen una revisión médica para comprobar su estado físico y psíquico.

 -A la hora de realizarse la detención, la policía tendrá el deber de proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores,con la intención de asegurar el respeto a sus derechos constitucionales.

EL SUPREMO REVOCA UNA DONACIÓN UNA HIJA POR SU COMPORTAMIENTO INGRATO.

Hoy nos hacemos eco de la noticia que está ocupando los titulares de los periódicos por su contenido un tanto singular, pero que en sentido estricto no es novedad. El Tribunal Supremo se reafirma en sus anteriores resoluciones al dictar una sentencia en la que se revoca la donación hecha por unos padres a su hija al haber mantenido un comportamiento ingrato hacia ellos, puesto que llegó en una ocasión a propinar una bofetada a su padre e insultar gravemente a su madre.

Según dicha jurisprudencia, basta con que se haya llevado a cabo una conducta del donatario socialmente reprobable y que resulte ofensiva para el donante (aunque los hechos no se hayan ni siquiera denunciado), para que pueda determinar un comportamiento ingrato y derive en la revocación de una donación.